En ese sentido, las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1026 deben entenderse como una herramienta en virtud de la cual, los gobiernos regionales y locales quedan facultados a modernizar sus cuadros administrativos mediante un régimen especial.
Asimismo, el marco normativo antes indicado tiene por finalidad fortalecer los niveles del gobierno sub nacional, que, es donde actualmente se cuenta con importantes recursos que no se están ejecutando por falta de una gerencia calificada para ello.
Es en dicho contexto que resulta indispensable que los Gobiernos Locales y Regionales cuenten con el apoyo de personal calificado, con experiencia en la gestión, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión, los cuales incluso pueden ser asignados de otras entidades públicas del gobierno nacional.
Se debe marcar diferencias drásticas entre esta norma y los procesos ejecutados en la década pasada. En primer lugar, el objetivo no es la racionalización de personal, sino la modernización de las entidades para que brinden mejores servicios a la ciudadanía. Además, lo que se busca es que las autoridades regionales y locales construyan legitimidad social para sus propuestas, obligando a las entidades a debatir su expediente de modernización antes de su aprobación, con los Consejos de Coordinación locales y regionales que cuentan con representantes de la sociedad civil.